Mi nombre es Juan José Garazatúa
Nuñovero, abogado titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Tengo más de 35 años vinculado al
ordenamiento registral y he desempeñado distintos cargos en la institución
creada hace 130 años para organizar y conducir el sistema registral peruano, lo
que he ido alternando con el ejercicio de otros cargos de función pública y con
el ejercicio independiente de la profesión.
Dicha trayectoria profesional me
ha permitido tener una visión integral de la temática registral. Conozco la
realidad del Registro peruano desde adentro y desde afuera de la institución.
He asumido con profundo respeto y
responsabilidad el cargo de Superintendente Adjunto de los Registros Públicos,
motivado por una irresistible vocación de servicio al país.
Mi propósito es dedicarme a priorizar
el mejoramiento de la calidad de los servicios registrales al ciudadano.
Dicha tarea será cumplida
abordando fundamentalmente los siguientes temas:
1.
Cambio de actitud del personal de las oficinas registrales, en todos los
niveles. Somos una institución de servicio y, por tanto, las personas con su
actuación representan el servicio de la institución frente al ciudadano;
debemos mostrar un rostro humanizado y no solo tecnocrático, debemos entender
que no solo valoramos documentos, sino que decidimos sobre necesidades
sociales, realidades humanas muchas veces urgentes, que siempre están detrás de
cada uno de los procedimientos que atendemos.
2.
Reducción de los plazos de atención de los diferentes servicios. Los trámites
registrales deben ser atendidos con prontitud pues eso beneficia el dinamismo
de la economía y genera confianza en las instituciones.
Algunas personas afirman que si
se reducen los plazos se atenta contra la seguridad jurídica, pero eso no está
comprobado. La demora de los procedimientos en ningún caso es una garantía de
la seguridad jurídica, por el contrario es un factor que la debilita
gravemente, porque resolver un trámite al borde del vencimiento solo genera
mayor presión, elevación de la carga de trabajo y menos capacidad de reflexión
en los funcionarios, quienes muchas veces terminan amparándose en la
acumulación de una excesiva carga para justificar la demora o las deficiencias
del servicio.
Evidentemente, se deben
identificar y resolver las causas de la demora brindándose el soporte adecuado
a los órganos competentes. Estamos convencidos que es perfectamente posible
reducir significativamente los plazos de atención de los servicios registrales,
sin que ello signifique sacrificar la calidad, ni la seguridad jurídica.
3.
Unificación de criterios legales para garantizar la predictibilidad del
servicio registral. La administración registral debe brindar un servicio de
calidad, eficiente y eficaz, organizado de manera coherente, de tal forma que
los ciudadanos puedan conocer anticipadamente cuál será la posición
institucional frente a determinado petitorio. Esto supone un esfuerzo superior
de coordinación entre los profesionales que laboran en las oficinas registrales
para adoptar posiciones sustentadas, uniformes y predecibles. Se debe desterrar
la prevalencia de posiciones personalistas, lo que supone un nivel de
coordinación y de tolerancia profesional en bien de los ciudadanos.
4.
Necesaria precisión en la calificación registral: Autonomía no es
arbitrariedad, los funcionarios registrales están sometidos a los principios de
legalidad y del debido procedimiento, lo que comprende el imperativo respeto a
las normas constitucionales, legales, reglamentarias y también a los criterios
de predictibilidad de las decisiones registrales (aplicación de los precedentes
vinculantes, de los acuerdos plenarios, de las reglas de calificación y de las
decisiones reiteradas que deben formar convicción institucional), en pocas
palabras, se debe actuar con criterios de razonabilidad y sensatez en beneficio
de los usuarios.
5.
Autoeliminación de las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de
razonabilidad. Resulta urgente hacer una revisión y análisis de todos los
procedimientos registrales para excluir aquellas disposiciones y/o actuaciones
materiales que constituyan típicas barreras burocráticas ilegales y/o carentes
de razonabilidad en perjuicio de los administrados. Esta tarea es muy importante
y debe hacerse de manera inmediata porque la dejadez y la indiferencia del
Estado hace que los funcionarios muchas veces no se den cuenta de la existencia
de disposiciones normativas o actuaciones materiales que constituyen murallas
infranqueables para los ciudadanos.
6.
Lucha frontal contra la corrupción. La gestión que asumimos no dará ni un
milímetro de espacio para actos de corrupción, la honestidad y la lealtad con
el país deben ser los valores supremos de la actuación de los funcionarios registrales,
a nivel nacional. Quien no comparta dichos valores, no tendrá cabida en la
institución. Nuestra posición al respecto será enérgica y ejemplificadora.
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